En el año 1910, y bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se crea la Dirección General de Explotación del Petróleo, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país.
Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, entre 1916 y 1922, se realizaron varias obras para la producción de petróleo; sin embargo, en 1922, debido a rumores de irregularidades en la venta de petróleo y a la baja producción de los pozos, se decide reestructurar la administración.
Es así que la anterior Dirección se la reemplaza por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y, ese mismo año, el entonces coronel Enrique Mosconi asume la dirección general de YPF.
Excluyendo a la URSS, YPF fue la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo. Desde su fundación, la empresa realizó todas las actividades que fuesen necesarias para la explotación de petróleo. YPF fue modelo para la creación de otras petroleras latinoamericanas como la brasileña Petrobras, la peruana Petroperú uruguaya ANCAP y la boliviana YPFB, con la que no debe ser confundida. El parecido en el nombre de esta última se debe a que fue creada tras la guerra del Chaco tomando como ejemplo a la YPF argentina.
La extensión de la explotación de YPF desde la década de 1920, implicó una movilización de recursos y trabajo en la construcción de la infraestructura. Desde su fundación, la empresa realizó todas las actividades que fuesen necesarias para la explotación de petróleo, incluyendo incluso la fundación o rápido engrandecimiento de pueblos cercanos Además de abrir nuevos polos de producción, se construyeron barrios para los obreros, se abrieron caminos, se mejoró la comunicación y se instalaron escuelas para las poblaciones que se creaban alrededor de la explotación del petróleo.
YPF fue pionera en un tipo de concepción del trabajo que involucraba, junto con el empleo, la preocupación por la satisfacción de la vivienda, la educación y el tiempo libre de los trabajadores.
A pesar de que también existía una considerable participación en la industria de las multinacionales Shell y Esso, el General Mosconi e Hipólito Yrigoyen le dieron a la empresa el monopolio legal del petróleo durante toda su existencia como Sociedad del Estado. (“Entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera” Gral. Enrique Mosconi)
Su producción siempre superó con creces la del sector privado. El objetivo buscado por Mosconi era que el fisco debía contar con una gran empresa, para poder hacer frente a reclamos individuales que fueran contra el interés general del país.
Como ya es conocido, en el año 1992, pasa a tomar forma de Sociedad Anónima y así integrar parte del patrimonio de la Empresa Repsol. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, YPF fue privatizada. Entre 1989 y 1992 se llevaron a cabo las principales reformas, cuyo primer paso fue el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (que era una Sociedad del Estado) para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S.A.).
En el año 1993, el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro. (En el contexto de la privatización de una sociedad pública por parte del Estado, acción que concede ciertos derechos para poder controlar algunas decisiones de la sociedad privatizada.)
Finalmente, en 1999, se culminó la privatización al venderse el último 24% de acciones estatales y provinciales a la española Repsol por un valor de 9.000 millones de dólares. REPSOL compró en el mismo año otro 73% de acciones que pertenecían al sector privado.
En diciembre de 2007, el Grupo Petersen, un conglomerado argentino de empresas al mando de Enrique Eskenazi, compró el 14,9% de YPF S.A. y, el 4 de mayo del 2011 aumentó su participación accionaria en la compañía en un 10%. De esta manera, el Grupo Petersen pasó a poseer el 25,46% de YPF, la compañía Repsol tiene el 58,23%, mientras que el 16,34% restante se encuentra en manos de inversores del mercado.
El día 16 de Abril de 2012, por Cadena Nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anuncio la firma de un decreto de necesidad y urgencia en el cual se declaraba de interés nacional y como objetivo prioritario de la Republica Argentina el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos, y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones. Todo esto, por considerar el Gobierno Argentino, qua la hasta allí titular de YPF, no estaba realizando las tareas pertinentes para abastecer la demanda del mercado interno, ni efectuando las inversiones adecuadas para el descubrimiento de nuevos yacimientos. Asimismo y en el mismo acto se anuncio el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley, el cual ya tiene media sanción de Senadores, y en estos días se trata en Diputados, en el cual se dispone la expropiación por causas de Utilidad Publica el patrimonio de YPF en un 51% de las acciones que pertenecen a Repsol SA. Este es el punto mas álgido de la cuestión que lleva a un país como Argentina, que quiere recuperar el manejo y administración de sus recursos naturales y a otro como a España, el cual defiende los derechos de una petrolera que es española, pero no es España. Lo que pretende pagar Argentina, no es ni la mitad de lo que reclamara España ante los Tribunales internacionales de comercio.
De este lado del océano, la mayoría de los partidos políticos apoyaron la decisión de la presidenta Fernández de Kirchner, los que no la secundan, aducen que son medidas populistas, de gran efecto mediático que le sirve para ocultar actos de corrupción de funcionarios del Gobierno Nacional. Por otro lado, Mariano Rajoy, sale a la defensa de los intereses de Repsol, la cual los tres accionistas de referencia son la caja de ahorros catalana La Caixa, la constructora Sacyr-Vallehermoso y la petrolera mejicana Pemex. Tratándose de una multinacional que cotiza en las principales bolsas del mundo, con una parte de su accionariado atomizada en función de los flujos bursátiles, difícilmente puede considerarse, siquiera en términos políticos, que una agresión a los derechos de esta compañía en la explotación de su negocio en un país concreto sea un ataque o una provocación al gobierno de España, pero así es como lo entiende la prensa y una parte importante de la opinión publica española. Las represalias, en todo caso, las ha de tomar la propia empresa objeto del expolio, para lo cual puede decidir lo que considere oportuno en sus relaciones comerciales con sus socios y clientes argentinos, además de recurrir en derecho a los tribunales internacionales que dirimen este tipo de contenciosos.
Es un hecho la expropiación a manos de la Republica Argentina de la petrolera YPF. Ahora lo que resta saber y el tiempo será testigo de las consecuencias que traerá aparejada dicha decisión; que medidas tomara el estado español (imagino algunas de carácter económico diplomáticas) y/o países que tomen partida por su posición, y como resultara para Argentina administrar sus recursos, si recursos. Tendrá que salir a coquetear con capitales extranjeros para que inviertan en el pais, arrastrando el peso de que ya expropio a inversiones similares.
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