Desde 2000, ocasionalmente se vuelve a hablar de fraude en la Argentina. Quizás no sea equivocado, pero debemos saber de qué estamos hablando. Es común pensar que el fraude se acabó en la década del 30, con la oprobiosa actitud de los conservadores. Pero otra mirada podría sostener que nunca desapareció del todo, quedó larvado, latente, y fue evolucionando.
Conviene profundizar el concepto de fraude, y cómo se lo puede impedir a través de normas legales y acciones políticas, y, eventualmente, sancionarlo. También debe ser vinculado con muchas otras circunstancias que se critican separadamente cuando podrían tener relevancia, extrema gravedad y gran significancia en el proceso electoral, observadas en conjunto, como parte de macroesfuerzos de manipulación.
El uso por Kirchner del avión presidencial podría ser (según las circunstancias) algo normal o una falta administrativa o un delito, pero utilizado insistentemente para campañas políticas, es gravísimo. Decía la UCR, luego de las elecciones de 1952, "desde hace seis años, todos los recursos del Estado estuvieron al servicio de un partido político, restringiéndose las posibilidades de otras agrupaciones cívicas para difundir al pueblo sus críticas y su doctrina".
Es claro que el fraude es un concepto confuso: para el hombre común, los comunicadores y aun los especialistas, es muy restrictivo, limitado al día de la elección. Pero en verdad, "fraude es, por definición, la conducta por la cual el engaño, la manipulación, la falsificación, la distorsión, la violencia o cualquier otra forma ejercida en cualquiera de los momentos electorales (preelectorales, acto electoral o postelectoral) afecten al ejercicio libre, universal, secreto e igual del sufragio". (Pfleger, 2008) (1).
Un pensador centroamericano dice "No esperemos que el fraude se produzca como en tiempos pasados, de una manera burda, descarada y violenta; robando urnas y cambiando los resultados antes de ser registrados oficialmente. Las formas de fraude se han sofisticado. El fraude, ahora, se produce por medio de la manipulación, de la propaganda ilícita fuera de tiempo y de lugar; por medio de los ataques velados e indirectos y, sobre todo, por medio del financiamiento subterráneo que los grupos de poder ligados al narcotráfico y al crimen organizado otorgan a los partidos políticos más fuertes. Fraude también es la demagogia; es decir, la mentira con fines electoreros". (Torres Valenzuela, 2007). (2)
En Cuba, por caso, analizadas sus elecciones con el concepto restrictivo, son "limpias", pero no se puede votar más que al partido oficial.
En 2007, escribí que en la Argentina ya alcanzamos un nivel de "fraudes de 3ª generación", superando el de la 1ª (el viejo y burdo "fraude patriótico" de los conservadores, en los 30) y el de la 2ª generación, que podría haber comenzado en 1943, con Perón, y que se caracteriza por la persecución, la demagogia, dádivas, control y censura a la prensa, plena ocupación, manipulación del empleo público, destrucción de la oposición, adoctrinamiento en las escuelas, poder sindical, suma del poder público y muchas otras. Lo de Perón fue mucho más sofisticado, pero, sobre todo, más efectivo. Este fraude de 3ª generación podría superar largamente a los dos anteriores: sería más sutil y mucho más efectivo.
Reparemos en estos hechos y pensemos qué pueden tener en común, cómo confluyen: control de la calle, piqueteros, barras bravas, viajes al Mundial, manifestantes pagos, empleados públicos, sindicatos politizados, actos, reparto de planes sociales, punteros, clientelismo, pan y circo (fútbol, plasmas y tv digital "para todos"), asignaciones por hijos, Kaja, Anses, DNU, reservas BCRA, uso de bienes públicos, aviones y helicópteros, gasto público descontrolado, corrupción, clientelismo, punteros, campaña, valijas, efedrina, contribuciones, subsidios, obra pública direccionada, ATN, aprietes a gobernadores e intendentes, canjes, presiones a jueces, Consejo de la Magistratura, operativos SIDE, AFIP, Faggionato, blanqueo, persecución de evasores, compra de opositores y de partidos, Indek, índices falsos, engaño, grupos intelectuales, enjuiciamiento, Madres, DD. HH. usados políticamente, ley de Medios, cadena oficial, medios del Estado, "6, 7, 8", pautas publicitarias, compra de periodistas, encuestas, Papel Prensa, blogueros subvencionados, confrontación, reformas de la ley de Partidos Políticos, adelantamiento de elecciones, confusión Estado-partido, candidaturas testimoniales, internas abiertas, listas sábanas, ley de lemas, colectoras, reasunción del Partido Justicialista, digitación, "pingüino o pingüina", dedo de Duhalde, de Kirchner.
La lista es larga y cada día se agregan nuevos conceptos y hechos. Su incidencia individual es una, pero adquieren una gravedad y un significado especial revisadas en conjunto y desde un punto de vista más amplio y abarcativo: en lo inmediato, podría relacionarse con la manipulación de la opinión pública, y, en lo mediato, con las elecciones. Y una palabra los engloba: fraude.
La concepción muy puntual del flagelo genera un vacío legal, la ausencia de normas aptas para reprimirlo. Se reprime el fraude pequeño, pero no hay herramientas legales para los de gran escala. Los llamados "delitos electorales" son para "ladrones de gallinas" y no debe existir condena alguna en el país. O no son efectivas, como multar irregularidades en los fondos de campaña, cuando el elegido ya ha cumplido su mandato.
En la reforma constitucional de 1994, los constituyentes "casi todos políticos" se preocuparon por sancionar gravemente acciones como los golpes de Estado. Se reconoció la existencia de los partidos y protegieron la capacidad para ser elegidos, situación para la que incluyeron acciones positivas. En cambio, se declamó el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, pero nada se previó para protegerlo y evitar la afrenta más grave de la democracia (pudo ser desinterés, porque, de alguna forma, todos los partidos "participan" de algunas de las acciones señaladas).
Podría sostenerse que esta garantía constitucional es operativa. Podría también recurrirse a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero nada parece ser apto para impedirlo.
Por Horacio M. Lynch
Lynch & Asociados